Apagados los ecos de la segunda cumbre de las regiones, es necesario reflexionar acerca de su impacto al lograr poner el tema regional al menos un par de días en la agenda pública nacional. Pedir más desde nuestra posición de poder tan desmejorada desde los territorios, sería una ilusión.
Las promesas conseguidas son las mismas que nos hicieran a partir del 98 Frei en la primera cumbre y Lagos durante todo su mandato, sin concretarlas por supuesto en lo que concierne a la elección popular de los consejeros regionales.
Sin perjuicio de lo poco, hoy es posible imaginar, gracias a la sintonía lograda por los distintos liderazgos regionalistas presentes en la cumbre, que es posible que estos compromisos esta vez sí se cumplan. Ello sólo será posible en la medida que la gente de regiones cumpla con tres condiciones.
En primer lugar, es necesario estar permanente y activamente encima de los temas, tanto sobre el gobierno como sobre los parlamentarios regionales. En segundo lugar, se deben articular desde ya diferentes medidas de presión pública ciudadana y/o acciones de desobediencia regional que movilicen a las comunidades regionales o al menos comiencen a sensibilizarlas.
En tercer lugar, es necesario apoyar o activar las distintas instancias político regionalistas, ya sea llevando candidatos independientes de prestigio regional o integrando movimientos que convoquen y aglutinen a las fuerzas regionalistas, apoyando iniciativas pro descentralización.
Los causas o luchas que es necesario emprender o defender son variadas y periódicamente están saltando a la palestra, dejando en evidencia los abusos del centralismo en distintos ámbitos.
Un tema importante lo constituye el famoso royalty. Se anunció una indicación al proyecto de ley, donde el 25% de los fondos recaudados iría a regiones; sin embargo, a todos ya se nos olvidó que cuando se buscaba fundamentar la ley respectiva se nos dijo que los fondos irían mayoritariamente para las regiones.
Los parlamentarios regionales reclaman que los recursos siguen sin llegar a regiones y que falta transparencia en la ejecución de las platas. Hoy se opera discrecionalmente vía ley de presupuesto, con cifras que no cuadran entre lo que dicen provisionar las mineras con lo que informa Hacienda y estas tampoco dicen relación con lo que finalmente se destinó al fondo de innovación.
Además, las instituciones ejecutoras son Fundación Chile, Corfo e Innova Chile, programa Milenio de Mideplan, FIA, Conicyt y el Mineduc; es decir, todas entidades nacionales y de decisión central.
Sin duda, este tema debe estar bajo la atenta preocupación de los líderes regionales, para que el grito regionalista, cuando se requiera, suene al unísono fuerte y claro desde el norte, centro y sur del país.